La normativa establece la contratación obligatoria de un seguro que garantice durante diez años la reparación de los daños materiales causados en el edificio por defectos de los elementos estructurales. El capital asegurado debe de corresponder con el 100% del coste final del edificio.
El objetivo es satisfacer la necesidad que tienen todos los promotores de prestar garantías legales para el desarrollo de su actividad inmobiliaria ante los organismos que se demanden.
La ley de ordenación de la edificación, del 5 de Noviembre de 1999 que entró en vigor el día 6 de mayo del 2000, obliga a todos los constructores a contratar un seguro que cubra durante 10 años toda edificación.
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